Emanuel Gainza, ex concejal de Juntos por el Cambio de Paraná y actual secretario del bloque de ediles de esa fuerza, había asegurado que un grupo de policías realizaba tareas de inteligencia particular para él y su espacio político, a fin de evitar posibles acercamientos de narcos.

“Hay un grupo de policías, que son voluntarios, que trabajan en nuestro grupo político. Cada vez que nos invitan a un comedor o a un festejo del día del niño, pedimos el DNI y se los pasamos a los policías que hagan algún tipo de filtrado, de inteligencia, para saber si están vinculados o no” al narcotráfico, dijo Gainza en una entrevista que concedió al programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9).

“Armé un equipo de policías, de seguridad, que nos da una mano en ese filtrado. Un comportamiento que tiene la política vinculada al narcotráfico es que es muy difícil en un evento, en una recorrida en un barrio en particular, filtrar quién te pide una foto, quién te invita a su casa. Así que hemos implementado ese sistema y me ha funcionado”, agregó.

Desmentida y repudio

Rápidamente, la ministra de Justicia y Gobierno, Rosario Romero, salió al cruce de estas declaraciones de Gainza negándolas enfáticamente.

“La Policía de Entre Ríos no hace tareas de inteligencia ni para Gainza ni para ningún otro candidato, ni para particulares”, aseveró. “Solo investiga bajo instrucciones de Jueces y Fiscales”, subrayó.

En la misma línea, se expresaron en sus redes las diputadas nacionales, Blanca Osuna y Carolina Gaillard. «Repudiamos estas prácticas que nada tienen que ver con la convivencia política y las normas básicas de la democracia”, afirmó Gaillardo y agregó que “el espionaje ilegal es una práctica que naturalizó el macrismo en su paso por el gobierno”.

Pedido de investigación

El titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boykens, denunció penalmente al ex edil de Cambiemos, Emanuel Gainza, por “realizar tareas de inteligencia y de espionaje ilegal”. La demanda se interpuso en la mañana de este lunes ante el Ministerio Púbico Fiscal (MPF) de la provincia.

Boykens detalló en su presentación las afirmaciones que realizó Gainza al programa de Canal 9 “Cuestión de Fondo”, indicando que tenía un grupo de policías “voluntarios” que realizaban tareas de inteligencia para prevenir que se le acercaran personas vinculadas al narcotráfico.

“Estos dichos y prácticas de inteligencia son rayanamente antidemocráticas, violatorias de derechos humanos básicos y del estado de derecho, además de francamente discriminatorias y afectan derechos constitucionales y convencionales (además de) la ley nacional de inteligencia”, señaló Boykens en la denuncia.

En otro párrafo de la presentación, hace mención a que el MPF y los magistrados saben “que las tareas de inteligencia solo pueden ser realizadas a pedido de la Justicia, de las fiscalías en sus tareas investigativas, pero nunca a pedido de un particular o facción política”.

Por eso reclamó a Fiscalía “que investigue el espionaje ilegal – inteligencia – que señaló Gainza por ser francamente violatoria de la ley de inteligencia”. Además, ofreció medidas de pruebas para constatar los dichos del ex edil y actual secretario del bloque de Juntos por el Cambio que pretende pujar por la intendencia en 2022.

La indagatoria y sobreseimiento de Gainza en la causa “Narcomunicipio”

Cuando presidió el bloque de concejales de Cambiemos entre 2015 y 2019, Gainza estuvo vinculado a la causa denominada “Narcomunicipio”, que investigó las vinculaciones entre la banda de Daniel “Tavi” Celis con la administración de Sergio Varisco tanto en la financiación de la campaña eleccionaria, como en la devolución a través de pagos y el uso de material municipal para efectuar tráfico de estupefacientes. El juicio terminó con condenas a los integrantes de la banda y al ex intendente Sergio Varisco.

En la investigación, se detectó en uno de los cuadernos donde se registraban los movimientos de ventas de cocaína que había una transacción con una persona identificada como “Gainza” que habría adquirido un kilograma de estupefaciente.

El entonces concejal fue llamado en primera instancia por el juez Leandro Ríos a prestar declaración testimonial. Pero a la luz de otros elementos, se lo imputó y convocó a prestar declaración indagatoria, a la vez que la Policía Federal allanó su oficina. Gran parte de la información del período investigado había desaparecido de su teléfono, un aparato I-Phone que tiene un sistema de encriptado de información de más difícil acceso que los teléfonos que utilizan el sistema Android.

Días más tarde, Ríos le declaró la falta de mérito en la causa y semanas más tarde lo sobreseyó.

Fuente: APF