Kunath destacó las exposiciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo y los aportes de especialistas y del CELS durante el plenario, que se tuvieron en cuenta para la incorporación de cambios al texto original. Al mismo tiempo, lamentó la actitud de la oposición “que tiene la responsabilidad institucional de participar y debatir en el seno de las comisiones que es el lugar indicado en donde pueden y deben tomarse las decisiones que hacen al texto de una ley, pero prefieren vaciar el debate y priorizar la exposición en los medios de comunicación”.

“Este proyecto –explicó- no implica solo un cambio de nombre, implica una reestructuración profunda del sistema de Inteligencia. Como medida principal se ordena la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de una nueva institución, la Agencia Federal de Inteligencia. Entre los puntos más importantes se encuentran la transferencia de las escuchas judiciales al Ministerio Público; se dispone que las máximas autoridades del organismos sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado Nacional; se otorga jerarquía de ley a la clasificación de los niveles de reserva de la información; se fortalece el derecho de los ciudadanos a la privacidad; se refuerzan las potestades de control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y se agravan las penas para los casos de interceptaciones, captaciones y desviaciones indebidas de comunicaciones, entre otros delitos y se incorporan dos nuevos delitos para funcionarios públicos”.

“La elaboración de este proyecto que estamos discutiendo en el Congreso se originó en diciembre, cuando la Presidenta reestructuró la Secretaría de Inteligencia nombrando a Oscar Parrilli al frente de la misma, y su objetivo de fondo es fortalecer la política de inteligencia y ponerla al servicio de la democracia, terminando con una práctica generalizada de ciertos sectores de los organismos de inteligencia que se han considerado superiores o por encima de las instituciones”, aseveró.