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Los futuros diputados de Urribarri
La posibilidad de que una lista única de diputados pueda pegar con muchas fórmulas a la gobernación es el aspecto más novedoso de la reforma política. ¿Para qué se hace?
La reforma a la Ley Castrillón que impulsó el oficialismo gira en torno a varios puntos largamente debatidos en el mundo de la política provincial, como el voto obligatorio para los ciudadanos en las primarias; la habilitación del voto optativo a los 16 años; la obligatoriedad de participar para las listas únicas, de modo de evitar incidencias de una fuerza en la interna de otra, sobre todo en las localidades de menor población.
En su adecuación a las PASO nacionales asoman como más novedosos tres aspectos de la reforma: 1)la fijación de una fecha para las PASO en el segundo domingo de agosto; 2) la exigencia a los partidos de alcanzar un piso del 1% de los votos para poder competir luego en la general, que es menor al 1,5% de la nacional y, 3) la más importante: la habilitación para que un partido pueda pegar una única lista de diputados provinciales con más de una fórmula para la gobernación.
Este último punto, que se propone también para los concejos deliberantes, no es una ocurrencia entrerriana. Se contempla también, por ejemplo, en Capital Federal. Hay que insistir en una aclaración, por obvia que parezca: nadie obliga a que varias fórmulas peguen con la misma lista legislativa; si una fórmula así lo decide, puede llevar su propia lista de diputados y competir contra la lista consensuada.
Según se explica en el oficialismo, esta modificación responde al principio de gobernabilidad que la última reforma constitucional de 2008 mantuvo de la vieja Constitución Provincial, por la que se asegura al partido que gane las elecciones la mitad más uno de las bancas en la Cámara de Diputados, aunque el gobernador haya sido electo por un porcentaje inferior de votos.
En el oficialismo argumentan que si se daría representación a las minorías en las listas de diputados el próximo gobernador perdería en lealtad en la Cámara baja; correría el riesgo de quedar sin la mayoría que garantiza la Constitución desde el primer día de gobierno.
En cambio, con una lista consensuada y compartida por las “tres o cuatro” fórmulas de la sucesión que prevé el gobernador Sergio Urribarri, ese riesgo no estaría.
El razonamiento resulta lógico, salvo por un detalle: Urribarri no gobernará a partir de diciembre. Desde su lugar de conductor político del espacio, Urribarri armará la lista de diputados, pero no será el próximo gobernador.
Nada garantiza que el eventual sucesor de Urribarri –para el caso de que gane las elecciones generales el oficialismo- le guarde absoluta lealtad. De hecho, eso no ocurrió entre el propio Urribarri y su mentor Jorge Busti.
En el más democrático de los casos, Urribarri podría evitar imponer una lista. Muchos dirigentes del oficialismo observan que 2015 no es 2011, cuando el gobernador que (junto con Cristina Fernández) iba por la reelección con todas las encuestas a favor definió por sorteo el orden de la lista de los elegidos para ser diputados.
Siguiendo el razonamiento del oficialismo, se podría decir que si Urribarri consensúa una lista con sus “tres o cuatro” aspirantes a la sucesión, el eventual próximo gobernador necesariamente quedará con una Cámara baja overa en materia de lealtades.
Pero, para tranquilidad de los postulantes a la sucesión, está la historia reciente. El peronismo ha dado en los últimos años sobradas muestras de su férrea voluntad de acudir presuroso en auxilio del vencedor.
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